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     Sin embargo, el gobierno actual, en todos sus departamentos ejecutivos, escupe mil veces al día sobre la Declaración de Derechos. Y las órdenes ejecutivas los desafían a mansalva. Estos departamentos están en guerra activa contra la religión, la libertad de expresión y los procedimientos legales ordinarios, hasta tal punto que el cumplimiento de la Declaración de Derechos es una excepción notable a su conducta normal.

     Los tribunales no aceptarán querellas ni citaciones contra estos “servidores públicos”; no se les puede demandar. No hay crimen que no puedan cometer con total impunidad personal. Y ellos controlan las bayonetas y toda la fuerza del estado, y la usan para su beneficio y el de sus amigos.

     Al reunir historias de casos de conducta inconstitucional por parte de estos organismos, uno se abruma con la cantidad de casos y siente la futilidad de tan siquiera comenzar a hacer una lista de los mismos.

     Son tan flagrantes los abusos de poder y las violaciones de los derechos a nivel de estado y de condado, que ciertamente pocas voces se atreven a alzarse en protesta.

     Las leyes nacionales, del estado, del condado y municipales, cotejadas con la Constitución, presentan un espectáculo de estudiado desafío. La aprehensión ilegal de personas y el embargo ilegal de propiedades, la detención sin juicio, constituyen la rutina normal de los funcionarios.

     Sin embargo se extrañan de que el público no los apoye activamente, sino que tienda a alejarse asustado.

     Cuando una población se enfrenta a funcionarios que no siguen la Constitución, entra en un estado de inseguridad. Cuando la inseguridad es lo bastante grande, se unen a cualquier fuerza revolucionaria. Cuando se les carga con más opresión, se rebelan.

     La respuesta usual de uno de estos gobiernos es dar limosnas en un esfuerzo por comprar apoyo. No funciona.

     El intentar eliminar a todos los líderes o a la gente activa de una población a base de alguna atroz alianza con la psiquiatría, no sólo no funciona, sino que acelera la caída del estado al implicar, como lo hace, violaciones de derechos todavía más flagrantes.

     Tantos imperios y naciones han seguido este camino (Roma, Francia, la

Rusia zarista, Alemania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc., etc., etc., etc.), y tantos van tropezando furiosamente por la misma senda, que es asombroso que los hombres que están en el gobierno no hayan reconocido su problema.

     LA GRAN MAYORÍA DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO SON GENTE HONESTA Y DECENTE, PERO SE VEN FORZADOS A ACTUAR DE FORMA INCONSTITUCIONAL, A MENUDO CONTRA SU VOLUNTAD, POR ALGUNOS DE SUS LÍDERES O POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO QUE SE MOFAN DE LAS REGLAS DE LA DECENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO.

     Quizás el sabor de la tiranía sea tan delicioso y el sadismo del despotismo entrañe una adicción tal, que incluso sabiendo que sus vidas dependían completamente de llegar a adherirse y actuar de acuerdo a sus Constituciones y a sus Declaraciones de Derechos, aun así no podrían renunciar a ello.

     El adicto a las drogas puede que sepa que su vicio lo está matando. Sin embargo, no puede acabar con él.

     Posiblemente esto sea lo que ocurre con la burocracia inconstitucional. Los hombres se vuelven bastante locos con el poder. Y los locos cometen suicidio fácilmente. De hecho nunca hacen ninguna otra cosa.

     Uno se pregunta con bastante tristeza por qué estos tipos insisten en cometer suicidio a tal precio.

     Pero la democracia, las repúblicas, incluso las monarquías, continuarán decayendo y muriendo (y matándonos al resto de nosotros) hasta que al funcionario del gobierno se le fuerce a actuar en todos sus actos dentro del marco de la Constitución y de todas las garantías de los derechos del individuo.

     No se puede perpetuar la monstruosa falsedad de una Constitución y una Declaración de Derechos que garantizan la seguridad y la libertad, cuando la clase más poderosa del país está por encima de la ley y no está sujeta de ningún modo a ella.

L. Ronald Hubbard

     L. Ronald Hubbard



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